OCDE recomienda a Costa Rica aplicar plenamente el Plan de Descarbonización
Aunque reconoció políticas y programas de larga data que contribuyen a la acción climática, como una matriz eléctrica mayoritariamente basada en fuentes renovables, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también señaló la alta dependencia a los combustibles fósiles —sobre todo en el sector transporte— como uno de los frenos a la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI).
“El país debe ceñirse a los planes trazados para alcanzar sus ambiciosos objetivos climáticos. Costa Rica desarrolló un amplio Plan Nacional de Descarbonización (PND) para alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono en 2050, convirtiéndose en uno de los pocos países latinoamericanos en hacerlo”, se lee en la revisión de desempeño ambiental realizada por la OCDE.
Esta revisión es un ejercicio para medir los avances o retrocesos que tiene un país miembro en cuanto al cumplimiento de objetivos nacionales y compromisos internacionales. En este primer ejercicio, se emitieron 52 recomendaciones para Costa Rica en temas como mitigación del cambio climático, gestión de residuos y agua, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, gobernanza para el desarrollo sostenible, inversión en transición ecológica, así como impuestos y subvenciones con criterios más ecológicos.
En cuanto a temática climática, la OCDE fue clara en su recomendación: “aplicar plenamente las medidas previstas en el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 en todos los sectores”.
Descarbonización
Los combustibles fósiles satisfacen la mitad de las necesidades energéticas del país. De hecho, las emisiones vinculadas a estos crecieron 11% entre 2010 y 2021.
Detrás de ello está el transporte terrestre, cuyo parque automovilístico ha crecido rápidamente. Las emisiones en este subsector crecieron más de 30% en la última década. A esto se suma que la mayoría de los vehículos tienen más de diez años y las normas de emisiones son “poco estrictas y su cumplimiento no se vigila lo suficiente”, indicó OCDE.
No solo es una cuestión de GEI, la flota vehicular también es la mayor emisora de agentes contaminantes (como óxidos de nitrógeno y partículas), lo cual deteriora la calidad del aire y la salud de las personas. “Las emisiones de la mayoría de los agentes que contaminan el aire han aumentado en los últimos 20 años. La legislación establece ciertos umbrales de calidad del aire, pero más del 88% de la población está expuesta a niveles nocivos de contaminación atmosférica”, se lee en el informe.
Por estas razones, el transporte terrestre es el sector que más acciones contempla en el Plan Nacional de Descarbonización y también acumula muchas de las sugerencias emitidas por OCDE. “La descarbonización del transporte es esencial para cumplir los objetivos de mitigación del cambio climático y mejorar la calidad de vida”, enfatizó esta organización.
En este sentido, la OCDE sugiere invertir en un transporte público extenso, integrado y electrificado para así “reducir la dependencia del automóvil y no agudizar la desigualdad”. Y este sistema integrado debe diseñarse a nivel de toda la Gran Área Metropolitana (GAM), lo que demanda que los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos locales integren aspectos de movilidad sostenible.
El otro punto es impulsar la electrificación tanto de buses urbanos como motocicletas, así como seguir con los esfuerzos en vehículos privados, a la vez que se amplía la red de puntos de recarga. “El número de vehículos eléctricos (VE) ha aumentado en los últimos años, pero sigue representando una proporción insignificante del parque automotriz del país. Las subvenciones a la compra de VE deben combinarse con estándares más estrictos para los vehículos y una tributación más elevada para los vehículos convencionales”, indicó la OCDE.
Aparte de endurecer las normas de emisiones y reforzar las inspecciones técnicas obligatorias de vehículos, también se recomienda “modernizar las redes eléctricas y mejorar su eficiencia operativa para apoyar la expansión de las energías renovables y la electrificación del transporte”.
Financiamiento
Esta transición no está exenta de costos y la OCDE lo tiene claro: “la escala de la inversión necesaria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la neutralidad en emisiones de carbono es abrumadora. Por ello, es preciso mejorar la eficiencia del gasto público, movilizar financiamiento privado, aplicar estrictamente las regulaciones y ofrecer incentivos adecuados”.
En este sentido, se recomienda ampliar el uso de mecanismos de financiamiento innovadores como los bonos verdes, los fondos fiduciarios para la conservación y los canjes de deuda por naturaleza.
El Plan Nacional de Descarbonización ya contempla una reforma fiscal integral. La OCDE no solo sugiere acelerar su desarrollo y aplicación, sino también “introducir tarificación del carbono; aumentar progresivamente el tipo impositivo aplicado al combustible diésel; elevar los impuestos que gravan los vehículos convencionales y modularlos en función del peso de los vehículos, la eficiencia del combustible y los niveles de emisiones contaminantes locales; actualizar los peajes de carreteras y diferenciarlos en función de parámetros de emisión de los vehículos; y estudiar la introducción de tasas por congestión en las zonas críticas de la GAM”.
También, la organización recomienda realizar periódicamente inventarios de gastos tributarios en un examen sistemático de las subvenciones reales y propuestas. Esto en función de preparar un plan para eliminar gradualmente las subvenciones a los combustibles fósiles y otras que son perjudiciales para el ambiente.
PSA
Aparte del sistema de áreas de conservación, el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) —creado a la luz de la Ley Forestal (N° 7575)— ha sido esencial en los esfuerzos de mitigación del país, ya que ha permitido restaurar tierras degradadas, lo que a su vez ha incrementado la cobertura forestal y esto ha contribuido a capturar y fijar carbono, en un ejercicio de compensación de emisiones a nivel territorial.
Por lo que la OCDE recomienda reforzar el PSA e incluso extenderlo a otros ecosistemas más allá de los bosques como pueden ser los manglares y humedales. Sin embargo, el programa requiere incrementar sus fuentes de financiamiento con miras “a desvincular la viabilidad financiera del programa de los ingresos procedentes del impuesto a los combustibles”.
En una acción pionera en su momento, Costa Rica impuso un impuesto a los combustibles de 3,5%, cuyos recursos se destinan al PSA y estos representan casi el 90% de sus fondos operativos. Conforme el país avance en la electrificación de su transporte, se recaudará cada vez menos dinero mediante este impuesto y allí radica la urgencia por diversificar las fuentes de financiamiento.
