Once de los países más vulnerables financian su acción climática con créditos

Hassel Fallas (La Data Cuenta) y Michelle Soto (Ojo al Clima)

Once países del mundo caminan sobre una cuerda floja que les obliga a mantener altos niveles de endeudamiento y, al mismo tiempo, encarar una alta vulnerabilidad a las consecuencias del cambio climático. Encabezando esta lista se encuentran India, Bangladesh y Paquistán, tres de los países asiáticos más impactados por inundaciones y olas de calor en 2022.

De ellos, India es el más endeudado: un 95% del total de recursos que ha recibido para la acción climática, cerca de US $64.000 millones en las últimas dos décadas, ha llegado de préstamos, principalmente de Japón y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), perteneciente al Grupo Banco Mundial.

En segundo lugar se encuentra Bangladesh, acumulando préstamos por casi US $21.000 millones, equivalentes al 86% del total de fondos captados. Sus acreedores son principalmente Japón y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), también del Banco Mundial. Le sigue de cerca Pakistán, que se ha endeudado por casi US $10.000 millones, igualmente con el Banco Mundial. Cifra que representa un 84% de deuda para lidiar con los efectos del calentamiento global.

La lista de naciones con pasivos sofocantes y elevada fragilidad a las consecuencias del cambio climático la completan: Angola y Myanmar, con un 84% de dependencia de la deuda para financiar la acción climática. Les siguen Costa de Marfil (80%), Kenia (69%), Senegal y Camboya (64%), Nepal (63%) y Esuatini, en el sur de África, con un 61% de dependencia.

¿En qué han invertido el dinero India, Bangladesh y Paquistán? India se ha endeudado, principalmente, para construir el Metro de Delhi; mientras que Paquistán ha invertido en plantas hidroeléctricas.

Bangladesh ha acudido a los préstamos para establecer una central eléctrica de carbón en Matarbari, lo cual evidencia que incluso estos créditos sirven para financiar proyectos de combustibles fósiles, cuya quema es la principal razón de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.

Aún así, dos de estos tres países -altamente endeudados y vulnerables a los efectos del cambio climático- están lejos de ser los mayores responsables por las emisiones históricas de GEI. Entre 1910 y 2021, Paquistán contribuyó con el 0,3% de las emisiones globales y Bangladesh con el 0,1%.

India, por su parte, sí se encuentra en la lista de los siete mayores emisores de carbono en el último siglo, ocupando el último puesto detrás de Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Japón y Reino Unido.

Estos hallazgos se desprenden de un análisis realizado por La Data Cuenta y Ojo el Clima, el cual se derivó del cruce de dos bases de datos: la primera pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y trata sobre finanzas climáticas globales; mientras que la segunda es el índice ND-GAIN (Notre Dame Global Adaptation Initiative) que resume la vulnerabilidad al cambio climático de cada país.

La base de datos OCDE proveyó información de 134 países. En ella se consolidó el monto total al que han accedido las naciones entre 2000 y 2020 mediante préstamos, subvenciones y otros instrumentos financieros. Posteriormente, se añadió el índice de vulnerabilidad climática de cada país, donde un índice mayor a 51% significa “alta vulnerabilidad”.

Para este ejercicio, se consideró como “alto endeudamiento” aquel país cuya dependencia a los créditos supera el 51% del monto total captado para hacer frente al cambio climático, que incluye la sumatoria de préstamos, subvenciones y otros instrumentos financieros menores no especificados o de alivio de deuda, los cuales fueron obtenidos en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2020.

¿Y América Latina?

Si bien en la región no hay casos de alta dependencia de créditos y alta vulnerabilidad climática, 24 de sus 34 naciones sí están endeudadas por encima del 50% con tal de financiar medidas para hacer frente a la crisis climática.

En la lista de países latinoamericanos con dependencia más alta a créditos están Barbados con 100%, Uruguay con 96%, Venezuela con 94%, México y Argentina con 93%, Panamá con 92%, Costa Rica con 91% y Chile con 90%. Estos ocho países tienen una vulnerabilidad catalogada como media, es decir, oscila entre 32% y 42%.

¿En qué han invertido los créditos? Con este dinero, Barbados ha financiado su política energética y gestión administrativa, Uruguay ha invertido en proyectos de generación eólica y Venezuela en plantas hidroeléctricas.

México, por su parte, ha utilizado los fondos para la generación de energía renovable con múltiples tecnologías; mientras que Argentina los ha puesto en el proyecto de drenaje y control de inundaciones en la provincia de Buenos Aires.

Panamá ha recurrido a los préstamos para financiar proyectos de suministro y sanitización de aguas. Costa Rica ha invertido en energía geotérmica, específicamente en los proyectos Pailas II y Borinquen I y II. Finalmente, Chile también ha invertido el dinero en la generación de energía renovable con múltiples tecnologías.

El único país latinoamericano con alta vulnerabilidad climática es Haití (53%), pero este fondea sus proyectos -principalmente de transporte terrestre y energía- con subvenciones, las cuales representan el 90% de su financiamiento climático.

Los otros dos casos en la región que, aunque son catalogados como de vulnerabilidad media están más cercanos a un indicador alto, son Honduras y Bolivia. En el caso de Honduras, su dependencia de deuda climática es de 61%, mientras que la de Bolivia está en 70%. 

Mitigación y adaptación

En general, los países se endeudan para financiar proyectos vinculados a producción de energía, transporte terrestre y suministro de agua, los cuales podrían tomarse como medidas de mitigación, es decir, están orientadas a la reducción de emisiones. 

Sin embargo, también es necesario fondear las acciones de adaptación, las cuales permitirán preparar los territorios para lidiar con los impactos del cambio climático. Y esto es sobre todo relevante para aquellos países que, si bien no contribuyen mayormente a las emisiones globales, sí acarrean con las consecuencias del calentamiento global.

“El financiamiento climático es crítico para abordar el cambio climático porque se requieren inversiones de gran escala para reducir significativamente las emisiones, en particular en sectores que emiten grandes cantidades de GEI. El financiamiento climático es igualmente importante para la adaptación, para lo cual se requerirán, de igual modo, recursos financieros considerables para permitir que los países se adapten a los efectos adversos y reduzcan los impactos del cambio climático”, se explica en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

En un reportaje anterior, publicado por La Data Cuenta y Ojo al Clima, se evidenció que si bien se han desembolsado US $11.000 millones en dos décadas para acciones de mitigación y adaptación, se necesita una inversión multilateral 91 veces más grande por año para limitar el calentamiento a 1,5°C.

Ahora bien, el financiamiento orientado a mitigación históricamente ha sido superior al destinado a adaptación. En 2020, mientras que la mitigación representó el 66% de la financiación climática total, la adaptación apenas captó el 34% de los fondos disponibles.

De acuerdo con el Informe sobre la brecha en la adaptación 2022, elaborado por el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA), a nivel global se necesitarán entre US $160.000 y US $340.000 millones anuales a 2030 y entre US $315.000 y US $565.000 millones anuales a 2050 para ayudar a los países a lidiar con las consecuencias del cambio climático. 

El financiamiento dirigido a mitigación o adaptación también difiere en los instrumentos. Según la Quinta Evaluación Bienal y Resumen de los Flujos de Financiación para el Clima, elaborada por el Comité Permanente de Financiación (SCF, por sus siglas en inglés) de la CMNUCC, la financiación de la mitigación se hace sobre todo mediante préstamos, mientras que el financiamiento a la adaptación se realiza predominantemente mediante subvenciones.

“Hoy en día, todos los principales organismos de financiamiento comparten un elemento común: se prioriza el financiamiento para la obtención de un rédito económico con una reducción profunda de los costos de riesgo. Y son los actores públicos los que deben asumir esos costos adicionales”, comentó Leandro Gómez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

“Luego tenemos que considerar que estos organismos, bancos multilaterales, tienen sus políticas internas que buscan el beneficio de la propia institución y, al mismo tiempo, son permeables a los intereses de los miembros de sus juntas directivas, los cuales suelen ser de las principales potencias a nivel global. Es decir, podrían alinear sus políticas y decisiones de financiamiento en función de los intereses de estos actores”, continuó Gómez.

“Y justamente priorizar el financiamiento de mitigación se debe a que son sectores más atractivos para el retorno de la inversión. El repago en mitigación es más interesante. Esto es lo que explica que la adaptación no sea prioridad para el sistema financiero, porque este está mirando y atendiendo los intereses de sus inversores o miembros de juntas directivas”, destacó el experto de FARN.

La cuarta parte de la deuda latinoamericana se ha destinado a financiar proyectos de energía y transporte. ¿Son estos proyectos, realmente, acciones de mitigación y adaptación? 

Al respecto, Gómez ofreció una respuesta: “hay que recordar que todas las instituciones financieras tienen sus políticas internas para determinar si los financiamientos que otorgan están o no alineados con el Acuerdo de París. Lo común es que ese financiamiento vaya al país mientras no contradiga sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). Es una definición un poco vaga, por lo que se permiten inversiones que no siempre están alineadas a la acción climática”.

Este reportaje es parte del proyecto colaborativo de investigación y análisis de datos entre La Data Cuenta y Ojo al Clima