Plan de defensores ambientales contempla acciones para próximos seis años

Con el plan de acción de defensores ambientales como principal punto de agenda, hoy arrancó la tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3) en Santiago de Chile, específicamente en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En dicha reunión, que se extenderá hasta el 24 de abril, se someterá a aprobación este plan, cuyo texto fue trabajado por un grupo ad hoc coordinado por Chile, Ecuador y Saint Kitts y Nevis.

El plan vendría a ser una herramienta que permitirá a los países cumplir con el Artículo 9 del tratado ambiental, orientándoles en cuanto a medidas estructurales que permitan garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras, así como otras acciones dirigidas a la prevención y también a la respuesta en caso de presentarse un incidente.

El plazo de ejecución se estableció en seis años (2024-2030). En cuanto al financiamiento, el mismo borrador del plan menciona el Fondo de Contribuciones Voluntarias establecido en el Artículo 14 y también dice que “se alentará a otras fuentes a aportar recursos adicionales de carácter voluntario”.

Para Marcelo Cousillas, presidente de la Mesa Directiva del Acuerdo de Escazú, señaló que este tratado regional en realidad cuenta con cuatro pilares fundamentales: tres son los derechos de acceso (a la información, participación y justicia en asuntos ambientales), y el cuarto es la protección de los defensores que defienden. “Por eso en esta COP3 esperamos aprobar un plan de acción sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Contamos con un proyecto de plan ambicioso, pero realista, para ser ejecutado en la región con un horizonte de 6 años, hasta el 2030”, dijo.

¿Qué plantea este plan?

El plan de acción se divide en cuatro ejes temáticos que son complementarios entre sí. El primero de ellos es la generación de conocimiento para así tener un panorama comprensivo de la situación, los derechos y el papel que desempeñan estas personas, grupos y organizaciones, así como también identificar instrumentos de prevención, protección y sanciones existentes.

Para ello, se propone elaborar un diagnóstico que contemple aspectos como: el número de víctimas o vulneraciones y los diferentes tipos de vulneraciones; los instrumentos y mecanismos internacionales y nacionales vinculados a la prevención, la protección y la sanción, como los sistemas de alerta temprana y los protocolos de actuación a cargo de instituciones nacionales y subnacionales; prácticas existentes y otras experiencias e iniciativas comunitarias y estrategias de autoprotección llevadas a cabo por quienes promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

Sin embargo, el borrador del plan no especifica si este diagnóstico es un ejercicio único o si se busca que sea periódico para así apoyar la toma de decisiones y también funcionar como indicador sobre la implementación del acuerdo.

En este eje también se plantean espacios de intercambio para así ir actualizando la información, pero también para reflexionar y fortalecer capacidades. Se propone que estos espacios se realicen cada dos años a partir del 2025.

El segundo eje temático es el reconocimiento público a la labor y aporte de los defensores y defensoras, ya que contribuyen “al desarrollo de una cultura en favor de un medio ambiente sano, el fortalecimiento de la democracia, los derechos de acceso y el desarrollo sostenible”.

Entre las acciones asociadas a este eje, el plan menciona campañas de comunicación y sensibilización así como actividades de conmemoración y reconocimiento del trabajo de estas personas, grupos y organizaciones.

El tercer eje es el de fortalecimiento de capacidades y cooperación para la implementación nacional del plan de acción. Las acciones en este eje buscan la transformación institucional de los países, siempre respetando su soberanía y teniendo en cuenta sus capacidades.

En este sentido, se plantea la formulación de leyes, políticas, planes, programas o medidas tanto a nivel nacional como subnacional y local orientadas al reconocimiento y protección de las personas defensoras del ambiente.

Asimismo, se pretende generar lineamientos regionales que sean de utilidad para diferentes actores y puedan apoyar este proceso de revisión y formulación de normativa  a escala nacional. Estos lineamientos también pueden ser útiles a la hora de formular medidas de prevención, investigación y sanción con respecto de ataques, amenazas o intimidaciones en contra de personas, grupos u organizaciones.

Otra acción de este eje busca brindar apoyo y asistencia técnica a través de la elaboración y aplicación de planes nacionales y hojas de ruta, incluida la realización de diagnósticos de acuerdo con las necesidades, contextos, particularidades y prioridades nacionales.

A esto se suma crear, impulsar o fortalecer espacios de articulación y colaboración con otras instancias y mecanismos existentes de prevención, investigación y sanción de ataques, amenazas o intimidaciones, procurando establecer sinergias entre los Estados y otros actores.

Igualmente, se insta a impulsar la instauración y el fortalecimiento de instituciones que provean asistencia legal gratuita a personas defensoras que hayan sido víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos.

El cuarto, y último eje temático, se refiere a la evaluación, seguimiento y revisión del plan de acción. En específico, el plan habla de incluir la implementación del plan en los informes periódicos que los países deben realizar para dar cuenta de la aplicación y cumpliendo del Acuerdo de Escazú.

“El plan de acción que va a ser aprobado, va a ser implementado en seis años. Estamos presentes en la COP3 con propuestas del público, propuestas que han sido elaboradas en discusión y que queremos los países nos escuchen y que abran el diálogo para tener un buen plan de acción", manifestó Joara Marchezini, representante del público en el marco del Acuerdo de Escazú Brasil.

"No nos basta con tener un plan de acción por sí solo, queremos un plan de acción con responsables, con mecanismos de participación, con datos y con formas de reparación a todos los que han sufrido daños en la lucha ambiental.  Es por eso, que tenemos ahora una declaración de la Pre Cop y propuestas desde el público para que los países lo consideren en plenaria, entonces llamamos la atención a todos y todas a que conozcan esas propuestas y que nos ayuden en su defensa en la COP 3”, agregó.

Defensores y cambio climático

Sin la labor de conservación que realizan los pueblos indígenas y otros defensores del ambiente, los objetivos climáticos trazados al año 2030 serían imposibles de cumplir. Los bosques y otros ecosistemas que defienden estas personas capturan y almacenan dióxido de carbono, por lo que juegan un papel clave en pro del cumplimiento de las metas de mitigación a las que los países se comprometieron como parte de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).

Por ejemplo, los bosques resguardados por indígenas en Brasil, Colombia, México y Perú capturan más del doble de carbono que las tierras no indígenas, según un informe elaborado por World Resources Institute y Climate Focus.

Estas tierras, que representan al menos el 50% de las tierras del mundo y una parte importante del carbono forestal, proporcionan servicios ecosistémicos valorados en, por lo menos, $1,16 billones al año.

Lamentablemente, los defensores y defensoras muchas veces pagan con su vida esa labor que beneficia a toda la humanidad. Según un informe de Global Witness, al menos 177 personas defensoras perdieron la vida en 2022. En otras palabras, un defensor o defensora fue asesinado cada dos días.

Las mujeres defensoras sufrieron el 11% del total de los ataques mortales, mientras que el 36% de las personas defensoras asesinadas eran indígenas y el 7% afrodescendientes.

Segregando los datos por países, América Latina es la región más peligrosa del mundo para los defensores de la tierra y el ambiente. Concentró el 88% de todos los asesinatos de este tipo que fueron reportados en 2022. De los 18 países donde se reportaron casos, 11 eran latinoamericanos.